Guardia Civil investiga presunto soborno millonario de Forestalia a exconsejero del PSOE en Aragón

Aragón, España - Agencia de Noticias Ekhbary

Guardia Civil investiga presunto soborno millonario de Forestalia a exconsejero del PSOE en Aragón

La Guardia Civil ha destapado una investigación que apunta a un presunto esquema de soborno millonario orquestado por la empresa de energías renovables Forestalia, dirigido hacia Alfredo Boné, exconsejero de Medio Ambiente del Gobierno socialista en Aragón entre 2002 y 2011, y dos de sus colaboradores más cercanos. Según informaciones confirmadas por el diario EL MUNDO, el caso gira en torno a una operación de compraventa de una pequeña empresa, valorada en alrededor de cuatro millones de euros, que podría haber sido utilizada como fachada para canalizar pagos ilegales a cambio de supuestos tratos de favor durante la gestión de Boné en la administración regional.

La trama, que está siendo instruida por un juzgado de Teruel, sugiere que Forestalia habría pagado una suma considerable, estimada entre cuatro y 4,5 millones de euros, por la mercantil Viadós, fundada en enero de 2015 por Alfredo Boné, su ex viceconsejero Luis Marruedo, y su ex jefa de gabinete, Ana Cristina Fraile. La adquisición se materializó en noviembre de 2018. Los investigadores, basándose en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, especializado en Medio Ambiente, consideran que la empresa de energías renovables, liderada por Fernando Samper, pagó un sobreprecio significativo por Viadós, descrita como una "microempresa" con escaso o nulo fondo de negocio en ese momento. El pago, según el criterio de la UCO y el juzgado, podría haber sido una forma de legalizar una gratificación para los tres ex altos cargos socialistas por supuestos servicios prestados o favores otorgados a Forestalia durante su permanencia en la Administración aragonesa.

Alfredo Boné, figura histórica del Partido Aragonés Regionalista (PAR), ocupó la cartera de Medio Ambiente en Aragón durante ocho años, coincidiendo con los mandatos del presidente Marcelino Iglesias (PSOE). Tras dejar el cargo de consejero en 2011, Boné continuó como diputado regional hasta 2015, año en que abandonó la política activa para, según se ha publicado, comenzar a colaborar con Forestalia, el gigante de las energías renovables aragonés. Este movimiento fue objeto de críticas y se consideró un claro ejemplo de la llamada "puerta giratoria", un fenómeno que describe el tránsito de altos cargos públicos a puestos directivos en empresas de sectores que previamente regularon o con los que tuvieron relación directa.

La empresa Viadós, según las pesquisas, tuvo una relación comercial casi exclusiva con Forestalia desde su fundación en 2015. De hecho, tras la venta de la mercantil a Forestalia en 2018, los tres ex políticos continuaron vinculados a la empresa, aunque Boné se desvincularía poco después. Los investigadores sospechan que la creación de Viadós en 2015 tuvo como objetivo principal servir como vehículo para el presunto soborno que se materializaría años más tarde con la compra por parte de Forestalia. La UCO ha evidenciado que Viadós mantenía un acuerdo con Forestalia Renovables SLU desde su mismo día de constitución y no ha encontrado indicios de otros clientes significativos durante sus primeros años de actividad, lo que refuerza la hipótesis de una operación a medida.

Por su parte, el entorno de los ex altos cargos niega categóricamente las acusaciones. Defienden que el precio de venta de Viadós fue "absolutamente ajustado" al valor real de la compañía, destacando que en ese momento contaba con "28 empleados" y gestionaba "casi toda la tramitación de Forestalia", lo que representaba "un 80%" de su volumen de negocio. Según estas fuentes, la intención de Forestalia al adquirir Viadós era asegurar que la empresa trabajara exclusivamente para ellos, consolidando así sus operaciones y tramitaciones.

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel solicitó a la Guardia Civil que investigara la compra de Viadós en julio del pasado año. Esta solicitud se enmarcaba dentro de una investigación más amplia sobre posibles tratos de favor hacia Forestalia en relación con el megaproyecto eólico del Clúster del Maestrazgo, considerado el más grande de España y que prevé la instalación de hasta 200 aerogeneradores en una zona de alto valor ambiental. La investigación judicial, iniciada en 2023, ha ido ampliando su foco para indagar en posibles irregularidades y favoritismos desde la Administración regional hacia la empresa energética.

La investigación también ha puesto de relieve otros episodios que han generado controversia en torno a Forestalia. Recientes informaciones han señalado presuntas maniobras de la compañía para obtener beneficios en las declaraciones de impacto ambiental de sus proyectos. En diciembre pasado, EL MUNDO publicó denuncias de funcionarios del Ministerio para la Transición Ecológica que acusaban a su máximo responsable de la época de presionarles para aprobar proyectos de Forestalia que consideraban inviables legalmente. Este mismo responsable, tras su jubilación, habría obtenido un contrato político "a dedo" en la Secretaría de Estado de Energía, acumulando y aprobando expedientes de Forestalia de forma discrecional. Adicionalmente, se ha conocido el caso del director de Industria en la Subdelegación del Gobierno de Zaragoza, quien fue despedido en 2018, el mismo año de la venta de Viadós, por supuestamente negarse a tramitar dos proyectos de Forestalia. Este funcionario, cuya actuación fue posteriormente avalada por la Justicia, afirmó haber recibido presiones incluso desde Madrid.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también registró las oficinas de Forestalia en Zaragoza el pasado diciembre, en el marco del "Caso Leire", que investiga presuntas irregularidades en contratos y adjudicaciones públicas. La lista de ex altos cargos vinculados a Forestalia, según diversas publicaciones, incluye a figuras relevantes como José Manuel Soria, exministro de Industria del Partido Popular, y otros exmandatarios del PAR y de Convergència i Unió, lo que subraya un patrón de vinculaciones políticas en el sector de las energías renovables.

Hasta el momento, ninguno de los tres ex políticos vinculados a Viadós, Alfredo Boné, Luis Marruedo y Ana Cristina Fraile, ha sido imputado formalmente en la causa. La investigación judicial sigue su curso, analizando la compleja red de relaciones y transacciones financieras en el contexto del auge de las energías renovables en España, un sector que atrae considerables inversiones y, como sugieren estos indicios, también escrutinio por posibles prácticas irregulares.

Agencia de Noticias Ekhbary